EL MERCADO COMO “CAJA DE RESONANCIA» DE LAS TRANSFORMACIONES POLÍTICAS Y CULTURALES.

Cuando cambian las posiciones institucionalizadas de poder de las partes contratantes, también cambian los precios del mercado de trabajo. Por ejemplo, en América Latina durante la década de los autoritarismos militares de los años setenta del siglo XX, las posiciones institucionalizadas de poder de los trabajadores colapsaron completamente, respecto de las que habían imperado durante los diez años anteriores. Los salarios tuvieron un piso inferior, al que podríamos denominar objetivo o necesario, marcado por los requerimientos básicos mínimos de subsistencia, pero la carencia de poder político o sindical de los trabajadores les impidió un aumento de esos salarios, a partir de la dinámica de las productividades o de las ganancias de sus empleadores.

En dicho momento histórico, las condiciones de poder político autoritario preponderaron sobre el cálculo objetivo de esas necesidades y fijaron límites de pobreza o indigencia fundados en graves privaciones sociales (no sólo económicas, sino, sobre todo, políticas y culturales). La «variable de ajuste» -como dicen los economistas fue los sufrimientos humanos producidos por esas necesidades insatisfechas. Ellas no se expresaron necesariamente en el mercado de bienes de consumo, porque los consumidores carentes de poder adquisitivo sencillamente no existen en esta esfera. Las privaciones más bien se expresaron en otras estadísticas: morbilidad, mortalidad infantil, delincuencia, etc.

En el ejemplo histórico anterior se expresa la relación estructural básica entre las categorías de necesidad y poder dentro de las sociedades capitalistas. Las personas necesitadas dependen de aquellas que poseen los satisfactores requeridos por las primeras. La canasta básica mínima de consumo es un compromiso entre el «piso» o límite inferior de las necesidades básicas objetivas de las personas que viven en un nivel de subsistencia y el «techo» o límite superior fijado por la estructura de poder de cada sociedad concreta.

El condicionamiento institucional y multidimensional de los precios de mercado puede examinarse a través de otros ejemplos extraídos de los precios de los recursos naturales y energéticos. Todos estos ejemplos suponen cambios en las posiciones de los actores respecto de las reglas técnicas e institucionales que estructuran los diferentes subsistemas sociales.

Primero, los bosques nativos de América Latina incluyen especies de difícil recuperación si se someten a una explotación excesiva. Lo mismo acontece con los frutos del mar. Los precios de mercado de estos recursos serán diferentes, según cuál sea la legislación que regula su explotación. En consecuencia, la ausencia de una legislación adecuada, acompañada por una presencia activa de grandes corporaciones deseosas de explotar esas riquezas naturales, puede conducir a graves situaciones de desertificación, pérdida de biodiversidad, etc. Ni el mecanismo de mercado ni la racionalidad de estas empresas desarrollarán contrapesos sustentables y efectivos a estos riesgos.

Segundo, los mercados de futuros de cereales han experimentado un alza impresionante, como consecuencia de la utilización de la caña de azúcar, el girasol, el maíz, la soja como fuentes de combustibles destinados a los motores de combustión interna. Ahora bien, la distribución personal y familiar del poder adquisitivo general favorece a los demandantes de agro-combustibles (propietarios de automóviles), por encima de los demandantes de alimentos, cuya gran mayoría son asalariados de bajos ingresos. Sin una participación activa de los organismos intergubernamentales (por ejemplo, FAO) o de gobiernos deseosos de combatir el peligro del hambre, no es de esperar que el mercado, por sí mismo, solucione estos problemas. Tampoco el sistema de precios nacional o internacional registrará alertas tempranas acerca de la emergencia de hambrunas masivas.

Tercero, el poder cultural se expresa en el acceso diferenciado a los medios de información, comunicación y conocimiento. En este ámbito podemos citar dos temas centrales: el sistema educativo formal y los medios de comunicación de masas.

En primer lugar, el sistema educativo formal imperante en un país tiene una expresión de mercado, sea a través de precios efectivamente pagados o de precios contables imputados por las autoridades públicas en sus presupuestos fiscales. Estos precios dependen en alto grado de las instituciones que regulan la provisión de este bien. Así, tradicionalmente la educación fue un bien público total o parcialmente gratuito en América Latina, durante buena parte del siglo XX. La creciente privatización y mercantilización de la educación tiene un efecto estratificador poderoso y es el resultado de profundas transformaciones en las instituciones del sistema educativo. Este acceso diferenciado se expresa posteriormente en las calificaciones laborales y en los ingresos de las personas que trabajan. Todo esto, como es obvio, afecta profundamente las estructuras de poder.

Siguiendo con el subsistema cultural, este incluye los medios de comunicación masiva. La racionalidad microeconómica de quienes controlan dichos medios afecta las estructuras económicas y políticas de poder, por ejemplo, a través de la publicidad por un lado y del costo de las campañas políticas en épocas de elecciones por el otro. Se ponen de relieve en este punto, las desviaciones plutocráticas de las campañas electorales y del acceso a las magistraturas políticas.

En estos y otros innumerables ejemplos, los precios de los recursos productivos (incluido de manera especial el trabajo potencial de los seres humanos) dependen en alto grado de las instituciones reguladoras que emanan del sistema político y de las reglas técnicas de la producción y de la circulación de bienes.

Para mayor precisión terminológica, podríamos decir que las instituciones formales son componentes de la noción de estado (por ejemplo las constituciones políticas o cartas magnas y los códigos jurídicos), en tanto que las políticas públicas que se encuadran en dichas instituciones son componentes de la noción de gobierno (por ejemplo los diferentes capítulos del presupuesto fiscal o las políticas monetarias coyunturales del banco central).

Aquí es donde el concepto multidimensional o integral de democracia se puede usar para referirse a un tipo de sociedad cuyos subsistemas económicos, políticos, biológico-ambientales y socioculturales permiten plantear el tema central de la ética social: la justicia.

Esta perspectiva multidimensional nos obliga a una consideración igualmente multidimensional de algunos términos clave para nuestra indagación; por ejemplo, los términos de institución, necesidad, privación, pobreza, justicia, igualdad, etc. Todos estos conceptos son o pueden ser concebidos como multidimensionales y examinados desde perspectivas biológico-ambientales, económicas, culturales y políticas. Es por esto que el principal «término envolvente» de nuestra argumentación, que es la democracia, también puede ser concebido de modo multidimensional. Personalmente considero que el término justicia subyace en el término democracia, cuando se lo considera de manera sustantiva y no meramente procedimental. De aceptarse esta afirmación el término multidimensional envolvente sería en última instancia el de justicia. Cualquier sociedad humana claramente identificable en un momento del tiempo puede verse como un sistema social concreto compuesto por diferentes subsistemas que lo integran. Los subsistemas se «interpenetran» unos con otros e «interdependen» unos de otros, pues no existen causalidades lineales. Este punto es importante porque precisamente la teoría económica más difundida y aceptada en Occidente tiende a compartimentarse y tratar de explicar los subsistemas económicos acudiendo a variables puramente económicas. Debe recordarse la multidimensionalidad de la condición humana, en virtud de la cual, cada ser humano opera o actúa simultáneamente en todas las dimensiones anteriormente enunciadas. Los comportamientos humanos concretos dependen de la manera particular como todos los subsistemas concretos de una sociedad humana operan simultáneamente sobre cada ser humano en diferentes situaciones concretas.

De otro lado, en el dilema necesidades humanas versus derechos humanos, tanto por razones kantianas como aristotélicas, el concepto relevante y socialmente operacional es el de obligaciones o deberes humanos espontáneamente asumidos. Esto nos conduce al concepto aristotélico de justicia (virtud practicada respecto del otro). O al concepto kantiano de imperativo categórico, orientado a tratarnos recíprocamente como fines y no como medios.

Los derechos humanos no respaldados por una contrapartida de obligaciones y responsabilidades voluntariamente asumidas (especialmente por aquellos que detentan poder), son meros espejismos retóricos (o «unicornios», según la ironía de MacIntire). Si las obligaciones de aquellos que detentan poder institucionalizado en las sociedades democráticas, se asumen en la vida social, entonces son poderes bien utilizados. Es por este camino como, en democracia, se puede vincular socialmente el concepto de poderes humanos con el de obligaciones humanas.

Fragmento extraído de Armando Di Filippo, Poder Capitalismo y Democracia, RIL editores, 2013.